El Futuro de las Estaciones de Servicio: Entre la Electromovilidad y la Crisis del Sector en Uruguay

El avance imparable de la electromovilidad en Uruguay está generando profundos temores y desafíos para el sector de las estaciones de servicio. Según representantes del sector, la falta de planificación gubernamental y la transición energética, definida como una "imposición de un energético sobre el otro", están poniendo en jaque la supervivencia de miles de puestos de trabajo y cientos de negocios.

"Todavía no está clara cuál es la reconversión" del negocio, admitió un vocero del sector, pero se vislumbra que en una década las estaciones deberán diversificarse hacia la venta de "energéticos para la movilidad ofreciendo nafta, gasoil, GLP, electricidad y eventualmente gas natural vehicular e hidrógeno", complementando con "todos los servicios conexos al vehículo y la tienda de alimentos y bebidas". Sin embargo, la actual política energética se considera "tremendamente injusta", ya que "castiga al que tiene un auto de combustión tradicional" en lugar de ofrecer un "trato para que el golpe sea más suave" para los afectados por la transición.

La preocupación principal radica en la pérdida de empleos. Se estima que en "uno o dos años, va a haber algunos cientos, capaz que miles de personas, que no van a trabajar más" en una estación de servicio. Actualmente, las 480 estaciones del país emplean a unas 8.000 personas. La "falta de planificación del gobierno asusta", y se reclama "dejar de castigar al que tiene un auto de combustión tradicional". A pesar de los diálogos con los ministerios de Trabajo e Industria, "estamos esperando respuestas", lamentó.

La Unvenu (Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay) ha propuesto medidas concretas, como la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) a la nafta. Se estima una "renuncia fiscal" de unos US$ 300 millones este año y US$ 1.468 millones en el quinquenio, debido a beneficios fiscales para vehículos eléctricos. La gremial argumenta que estos beneficios fiscales deberían repartirse, rebajando el Imesi a la nafta e incentivando la electromovilidad de forma equitativa, "beneficiando a todos, no solo al que tiene dinero para comprarse el Tesla".

El trato preferencial a los vehículos eléctricos se considera "un espanto". Mientras los autos de combustión pagan altos impuestos a la importación (TGA, Imesi del 30%, 40%, 50%), los eléctricos, aunque gravados desde enero con franjas del 5% y 9% según valor, siguen teniendo un tratamiento preferencial. Se argumenta que la decisión de comprar un eléctrico es "pura y exclusivamente económica", motivada por el ahorro en combustible y la evasión de impuestos, más que por una conciencia medioambiental.

Adicionalmente, surge una "competencia desleal" por parte de UTE (Unión de Transmisiones Eléctricas). Las estaciones de servicio llevan más de un año intentando coordinar con UTE y la Dirección Nacional de Energía para instalar puestos de carga, sin obtener respuesta. Mientras tanto, UTE "sigue avanzando, plantando cargadores en vía pública, sin pagar nada", lo que dificulta la competencia. La falta de respuestas sobre los costos de llevar potencia a las estaciones impide cerrar proyectos de inversión. Se critica la falta de planificación de UTE, con "cables robados", "cargadores vandalizados" y una red de carga que no acompaña el crecimiento del parque eléctrico.

La situación es crítica: "con siete de cada 10 autos que se venden son eléctricos o enchufables, las estaciones no llegan a tiempo a reconvertirse". La inacción "está destrozando toda la estructura" del sector. "Si las cosas siguen como están ahora, este sector no tiene futuro. A no ser que se tomen medidas", advierten.

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