Estados Unidos: 16 Estados Demandan a la Administración Trump por Bloquear Fondos para Cargadores de Vehículos Eléctricos

Una coalición de 16 estados y el Distrito de Columbia ha presentado una demanda contra la Administración Trump por la suspensión de dos programas de subvenciones cruciales para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos (VE). Estos programas, aprobados por el Congreso de Estados Unidos, contaban con un financiamiento total de 2.000 millones de dólares. La demanda, liderada por Colorado, alega que la decisión de la administración actual viola la separación constitucional de poderes, dado que la financiación fue aprobada por amplias mayorías bipartidistas en el Congreso durante la presidencia de Biden.

El fiscal general de California, Rob Bonta, enfatizó la importancia de esta disputa, declarando: "No se trata de política partidista, se trata del futuro de nuestra economía, nuestro país y nuestro planeta. Este es otro intento imprudente que paraliza la lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático". La suspensión de estos fondos, según los demandantes, podría frenar la innovación en el sector de la movilidad eléctrica, obstaculizar la creación de empleos "verdes" y limitar el acceso de las comunidades a un transporte limpio y asequible.

California, que ya cuenta con 2,4 millones de vehículos eléctricos en sus carreteras, se muestra decidido a defender estos fondos en los tribunales. Las subvenciones en cuestión forman parte de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA), promulgada por el Congreso en 2022. Sin embargo, el Departamento de Transporte de EE.UU. y la Administración Federal de Carreteras (FHA) han retenido los fondos de ambos programas desde la primavera de 2025, según consta en la demanda.

Uno de los programas afectados destina 2.500 millones de dólares en fondos discrecionales a gobiernos estatales y locales para el desarrollo de infraestructura de carga de vehículos eléctricos y el abastecimiento de hidrógeno. El segundo programa otorga subvenciones directas a estados y municipios para la reparación y el mantenimiento de las estaciones de carga existentes. La decisión de suspender estos fondos se alinea con una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump al inicio de su mandato, que buscaba revertir políticas del "Nuevo Pacto Verde" y detener desembolsos federales aprobados bajo la administración anterior.

Además de Colorado y California, la demanda cuenta con el respaldo de los estados de Washington, Arizona, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y Pensilvania. Esta acción legal subraya la creciente importancia de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos y el conflicto político y legal que rodea su desarrollo en Estados Unidos.

La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA), también conocida como Ley Bipartidista de Infraestructura, destinó miles de millones de dólares a mejorar la infraestructura de transporte del país, incluyendo la red de carga para VE. La exclusión de fondos para cargadores y estaciones de mantenimiento representa un revés significativo para los esfuerzos de electrificación del transporte y la lucha contra el cambio climático. Los críticos argumentan que esta medida no solo perjudica al medio ambiente, sino también a la economía, al frenar el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de empleos en sectores emergentes.

La disputa legal se centra en la interpretación de la autoridad presidencial frente a las leyes aprobadas por el poder legislativo. Los estados demandantes sostienen que la suspensión de fondos aprobados por el Congreso excede los límites del poder ejecutivo. La Administración Trump, por su parte, podría argumentar que la reprogramación o suspensión de fondos discrecionales es una prerrogativa presidencial dentro de la gestión fiscal del gobierno. El resultado de este litigio tendrá implicaciones importantes para el futuro de la inversión en infraestructura de vehículos eléctricos en Estados Unidos y la relación entre el poder ejecutivo y legislativo en materia de política energética y ambiental.

El impulso a los vehículos eléctricos es una piedra angular de las políticas climáticas actuales, destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector del transporte, uno de los mayores contribuyentes a la contaminación atmosférica. La falta de infraestructura de carga accesible y confiable sigue siendo una de las principales barreras para la adopción masiva de VE por parte de los consumidores. Por ello, la inversión en redes de carga rápidas y extensas es fundamental para alcanzar los objetivos de descarbonización y transición energética.

La demanda presentada por la coalición de estados representa un desafío directo a la política de la administración y un llamado a mantener el rumbo hacia una movilidad más sostenible. El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre cómo se manejan los fondos federales destinados a iniciativas de infraestructura y tecnología limpia en el futuro, y reafirmar el papel del Congreso en la dirección de la política nacional.

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